Aunque polémico, el proyecto de ley de suspensión transitoria de la inversión extranjera en inmuebles, presentado por la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda de Andorra, Conxita Marsol, fue aprobado el pasado 7 de septiembre de 2023, por el Consell General, con 23 votos a favor y 3 en contra.
Esta moratoria, puntual y transitoria, está destinada a combatir el gran incremento de la inversión extranjera en inmuebles realizada en el país que está generando la carencia de viviendas de alquiler asequibles a la población.
También tiene por finalidad no crear «el efecto llamada» a los potenciales inversores, mientras no entre en vigor la ley que gravará la inversión extranjera en inmuebles.
Por otra parte, está destinada a desincentivar las compraventas con fines especulativos y garantizar un crecimiento sostenible.
Se apuesta también por «revertir directamente en el Estado» la capacidad económica de esta inversión extranjera en inmuebles.
Durante esta suspensión, que debería terminar antes de finales de otoño, el Gobierno trabajará para establecer un nuevo tributo a la inversión en inmuebles con capital extranjero cuyo objetivo es promover medidas en beneficio de los ciudadanos del país.
Por otra parte, trabajará en un segundo tributo para los inversores extranjeros que desinviertan antes de un tiempo determinado.
Por último, el jefe de Gobierno Xavier Espot garantiza que también están trabajando en una modificación de la ley de inversión extranjera a través de un proyecto participativo y plural que se quiere presentar durante el primer trimestre de 2024.
